En un contexto de restricciones fiscales y creciente presión sobre la capacidad de inversión pública, las asociaciones público-privadas se han convertido en un pilar central de la estrategia de infraestructura de Panamá. El 24 de febrero de 2026, Gabriel Silva, Of Counsel en LOVILL, participó como panelista en el foro Café con La Prensa titulado “El papel de las Asociaciones Público-Privadas en la transformación de Panamá”, junto a Ana Julia Carreira, Secretaria Nacional de APP, y Carlos Sánchez, Socio de Asesoría en Infraestructura para Centroamérica y la Región Andina en Deloitte. El debate reunió perspectivas del sector público, del sector privado y del ámbito jurídico sobre el estado actual del modelo y sus implicaciones para inversores e instituciones.
Un modelo arraigado en la historia de Panamá
La relación de Panamá con la colaboración público-privada no es nueva. Como señaló Gabriel Silva durante el foro, la historia del país es, en muchos sentidos, la historia de la asociación público-privada: desde la concesión del ferrocarril de 1848 hasta la construcción del Canal, los grandes proyectos nacionales siempre han combinado el propósito público con el capital privado. Lo que ha cambiado es el marco regulatorio —y los estándares de transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos que conlleva.
La Ley 93 de 2019 representa esa evolución. No reinventa la relación entre el Estado y el sector privado, sino que la eleva: establece estructuras de gobernanza, supervisión multiinstitucional, análisis de valor por dinero y mecanismos de resolución de disputas diseñados para contratos de largo plazo. Como lo expresó Silva, las APP están llevando la contratación pública al siguiente nivel.
Tres problemas que las APP están diseñadas para resolver
Silva estructuró su presentación en torno a tres problemas estructurales de la contratación pública tradicional —y cómo el modelo de APP aborda cada uno.
El primero es la calidad, el mantenimiento y la continuidad. Las obras públicas tradicionales se centran en entregar infraestructura física, no en un servicio sostenido. El mantenimiento a menudo queda sin financiación, se prioriza menos o se pierde entre administraciones. Bajo el modelo de APP, el mantenimiento no es un añadido —es una condición contractual para el pago. La parte privada construye sabiendo que también deberá mantener, lo que cambia la estructura de incentivos desde el inicio.
El segundo es la presión fiscal y presupuestaria. La contratación tradicional concentra grandes pagos en la fase de construcción, generando un impacto inmediato en el déficit. Las estructuras de APP invierten esa línea temporal: el Estado puede pagar poco o nada durante la construcción, con pagos distribuidos a lo largo de la vida operativa del proyecto. Esto no reduce el coste total, pero aporta mayor flexibilidad fiscal y permite que las finanzas públicas se mantengan en mejor estado.
El tercero es una estructuración inadecuada de los proyectos, que en la contratación tradicional ha producido históricamente sobrecostes, adendas y litigios. El marco de APP exige evaluaciones legales, ambientales, sociales y financieras antes de que un proyecto avance, junto con un análisis de valor por dinero para determinar si la vía de APP es realmente preferible a la contratación tradicional. Una APP mal estructurada, fue directo Silva, es peor que no tener APP.
Gobernanza, transparencia y riesgo legal
Una de las preguntas planteadas con mayor frecuencia por el público del foro se refería a la exposición legal: ¿qué ocurre si un contrato de APP es impugnado ante la Corte Suprema?
La respuesta de Silva fue igual de directa. Las APP no son inmunes a impugnaciones constitucionales —ningún contrato público lo es—. Pero la estructura de gobernanza incorporada en la legislación panameña de APP reduce significativamente ese riesgo. La revisión multiinstitucional, los informes obligatorios en las dimensiones legal, ambiental, social y financiera, y la participación de organizaciones multilaterales implican que más ojos y más experiencia intervienen en la estructuración de cada proyecto que en un contrato público tradicional.
El marco también crea mecanismos alternativos de resolución de disputas —incluidos paneles técnicos— diseñados específicamente para resolver conflictos antes de que escalen a arbitraje o litigio. Esto, señaló Sánchez, es uno de los dos factores que con mayor fiabilidad evitan que los grandes proyectos de infraestructura se paralicen: sistemas institucionales sólidos y una resolución de disputas eficaz.
El marco de APP de Panamá establece la transparencia como un requisito estructural a lo largo de todo el proceso. El registro público va mucho más allá del propio contrato: las licitaciones, evaluaciones, decisiones de comités e informes trimestrales de avance están disponibles públicamente.
La cartera activa y lo que viene
La cartera actual de APP en transporte abarca la rehabilitación, el mantenimiento y la operación de tres corredores principales: la Carretera Panamericana Este (282 millones de dólares), la Carretera Panamericana Oeste (455 millones de dólares) y la Autopista Centenario (382 millones de dólares). En conjunto, 438 de los 750 kilómetros de la Carretera Panamericana de Panamá se gestionan ahora bajo este modelo, trasladando el riesgo de construcción y financiación al sector privado.
El primer proyecto adjudicado bajo el nuevo marco —la Carretera Panamericana Este— aseguró una financiación sindicada internacional de más de 260 millones de dólares, con aportes de capital del vehículo de propósito especial que alcanzaron los 95 millones de dólares a diciembre. Cuatro bancos internacionales participaron en la sindicación.
La cartera se extiende mucho más allá de la infraestructura vial. Entre los proyectos en desarrollo o en evaluación activa se incluyen un centro penitenciario de máxima seguridad, plantas agroindustriales a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, infraestructura educativa, una posible cuarta línea de transmisión eléctrica y conversaciones sobre la participación privada en el Metro de Panamá. El marco de APP, enfatizó Carreira, no se limita a la infraestructura: se extiende a servicios y equipamiento, y su potencial para generar empleo fuera del corredor del Canal es una prioridad estratégica.
Un marco diseñado para perdurar
Durante el foro, los panelistas señalaron varias características estructurales que distinguen a Panamá como destino para la inversión en infraestructura. La sesión cerró con una perspectiva compartida: el marco de APP de Panamá es funcional, transparente y está en expansión activa. La cartera de proyectos es real, la arquitectura regulatoria está en su lugar y los proyectos ya en marcha ofrecen un sólido historial inicial.
For LOVILL, this forum reflects an ongoing commitment to Panama’s infrastructure ecosystem — one that goes beyond the conversation. Our Projects and Infrastructure practice has been involved in the legal and institutional work surrounding Panama’s PPP framework since its early stages, and continues to advise on the structuring dimensions that these projects demand.
To watch the full session, visit the recording on YouTube.
